Por. Luis Guillermo Velásquez Pérez*/Latinoamérica21
Bernardo Arévalo y Karin Herrera tomaron posesión el 14 de enero de este año tras ganar sorpresivamente una elección que había sido alterada de origen cuando las Cortes impidieron la participación de tres candidatos punteros y tras haber superado la larga operación golpista que lideró en su contra el gobierno saliente de Alejandro Giammattei y Consuelo Porras, Fiscal General. Este dúo, utilizando a las instituciones judiciales, buscó evitar durante cinco meses que los legítimos ganadores se convirtieran en presidente y vicepresidenta del país.
La alternancia en el poder no habría sido posible sin la rebelión del electorado, del apoyo decidido y coordinado de los organismos internacionales, así como de la resistencia en defensa de la democracia liderada por las autoridades ancestrales y los pueblos indígenas que se prolongó durante más de 100 días y se extendió hacia los barrios populares de la periferia de la ciudad de Guatemala.
Así, asumió un gobierno con fuerte simpatía internacional y amplio respaldo popular que el 23 de abril cumplió 100 días de enfrentarse a las contradicciones resultantes entre gestionar instituciones con estructuras autoritarias que son reacias a su mandato y el clamor por medidas contundentes de quienes defendieron la democracia guatemalteca. Tomando en cuenta dicho contexto, analizaremos 5 dimensiones que permiten comprender estos primeros 100 días de un gobierno que tiene ante sí la compleja tarea de iniciar la recuperación de un país en ruinas.
1.La credibilidad internacional
La recuperación de la reputación de Guatemala en el mundo ha sido uno de los logros más destacados del gobierno en estos primeros 100 días. Aunque no ha quedado exento de críticas por su estrecha alineación a la política de occidente respecto a temas polémicos como la relación con Israel y Ucrania, este reposicionamiento le ha permitido al gobierno mostrarse confiable para captar inversiones extranjeras y a alcanzar acuerdos que mejoran la calidad del país como socio.
2.La confianza social
El gobierno ha transmitido coherencia con el discurso de transparencia y anticorrupción y ha sido capaz de autodepurarse de forma rápida y convincente ante los señalamientos sobre faltas éticas o potenciales actos de corrupción. Esto ha contribuido a mantener alta la confianza de la sociedad en el gobierno. No obstante, ésta se ha ido reduciendo frente a la percepción cada vez mayor en la opinión pública de falta de decisión en el trato hacia la fiscal general y los funcionarios de los dos últimos gobiernos que saquearon los recursos, socavaron las instituciones y persiguieron ilegalmente a un centenar de actores incómodos, desde profesores universitarios hasta jueces anticorrupción.
3.La dirección legítima de la gestión pública
El gobierno ha tenido enormes dificultades para colocar a funcionarios de confianza compatibles con su proyecto político en los cargos de la administración que se asumen por designación. Además de las concesiones, normales cuando se gobierna sin mayoría, el gobierno no ha podido sustituir a los funcionarios designados por gobiernos anteriores, ya sea por temor a la judicialización de los procesos administrativos o por los problemas financieros que podrían causar en las instituciones, debido a las indemnizaciones que han instaurado las cortes para quienes han ejercido cargos de designación política.
Esto es relevante porque contraviene, tanto la armonización, como la capacidad de ejecución de la administración pública. Pero, además, porque ha sido el corazón de lo que se ha denominado economía de captura. A esto se suman campañas de desinformación que se han lanzado para difamar al gobierno o invisibilizar avances sociales, como la reducción del 13% en asaltos y homicidios durante el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023.
4.Las alianzas políticas
Si bien las alianzas entre el ejecutivo y el legislativo han permitido iniciar la construcción de la primera línea del Metroriel de la ciudad de Guatemala (ejecutivo) y asegurar la toma de posesión y aprobar cinco leyes de la agenda oficialista (legislativo); se proyectan como la dimensión más inestable del gobierno debido al pasado cuestionable del legislativo en su forma de hacer política. Esto conlleva a diferencias de criterio entre los principales sectores del oficialismo sobre la conveniencia de mantenerlas en el futuro inmediato.
De hecho, antes de la Semana Santa los diputados del partido CABAL paralizaron la agenda legislativa en su afán de ampliar los acuerdos alcanzados inicialmente y fueron los artífices de un par de derrotas consecutivas y significativas para la bancada oficial. Además, durante las primeras semanas de abril, el alcalde, que recibió el apoyo del presidente para dirigir la Asociación Nacional de Municipalidades, ha utilizado a esta para oxigenar políticamente a la fiscal general inventando líneas de cooperación entre las Municipalidades y el Ministerio de Público que antes no existían. Ello fortalece a la fiscal general frente a los alcaldes pudiendo condicionar sus posicionamientos en nuevas agresiones en contra de la democracia y la voluntad popular. Esto, en un momento donde las mayorías sociales la quieren aislada (como mínimo), debido a las dificultades para destituirla.
Lo cierto es que ambos sectores visualizan en sus alianzas posibilidades para cumplir las promesas de campaña y de garantizar gobernabilidad para neutralizar a las instituciones de veto político que buscan aislar o desaforar al gobierno. Ambas dependen de cumplir acuerdos y es, en esas condiciones del juego político, donde las contradicciones pueden agudizarse.
5.Las instituciones de veto político
El Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad han sido los principales impedimentos para que el gobierno pueda gestionar y alcanzar los objetivos trazados, incluyendo las demandas exigidas y respaldas por sociedad civil. A tal extremo que ha mantenido la suspensión de la personería jurídica del partido de gobierno y ha intervenido deliberadamente en el proceso legislativo donde, inicialmente, la bancada oficial dirigía la Junta Directiva, lo cual cambió a raíz de una polémica resolución de la Corte de control constitucional.
En dichas instituciones también reside el rumbo que puede adoptar el país en el corto plazo. En la Corte de Constitucionalidad se encuentra una consulta planteada por la Secretaría General en la que se podría dilucidar o entrampar el camino para una posible destitución de la fiscal general y en los próximos meses se elegirá a los jueces y magistrados que decidirán el futuro legal del partido de gobierno y sus principales líderes, así como del centenar de perseguidos políticos por parte del Ministerio Público.
En estos movimientos se comprobará la eficacia y la conveniencia de las alianzas que ha entablado el gobierno, decisivas para el éxito del gobierno y el futuro de la democracia en Guatemala. Esto en un contexto en el que la mayoría de los países que han enfrentado procesos de autocratización se han convertido en autocracias a pesar de los episodios democráticos intermedios. Ahí radica la importancia capital de que el binomio cuente con los suyos, alcance consensos con los distintos y, sobre todo, se mantenga cercano a la gente.
*Luis Guillermo Velásquez Pérez es Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global Área de Ciencia Política y de la Administración Universidad de Salamanca.
